Correos pide a los usuarios que paguen sus costes de operación

Hace unos días recibimos en nuestra comunidad de vecinos una notificación de Correos en la que nos informaba que, al amparo del Real Decreto 503/2007, disponíamos de DOS MESES para instalar unos nuevos buzones en la entrada a la urbanización, quedando los que existen en la actualidad en cada uno de los portales sin servicio. Asimismo se nos notificaba que, en caso de no estar instalados en ese plazo, deberíamos retirar nuestra correspondencia en la Oficina de Correos. Finalmente, lo notificación incluía diversos párrafos en los que se justificaba esta medida en aras de contribuir a un Servicio Postal de más calidad.

Dejando a un lado que nuestros buzones fueron instalados al amparo de la ley en vigor en el momento de construcción de la vivienda y que cuentan con la pertinente autorización de la misma entidad que ahora nos notifica, le he echado un vistazo al citado Real Decreto.

Artículo 37. 2. De conformidad con el artículo 3.1.a.3) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, y al objeto de facilitar la prestación del servicio postal en las condiciones previstas reglamentariamente, el operador al que el Estado ha encomendado la prestación del servicio postal universal podrá convenir con los usuarios o sus representantes, los ayuntamientos competentes, así como con los promotores y demás entidades responsables de la proyección, construcción y mantenimiento de las edificaciones del entorno afectado, el establecimiento, ubicación y financiación de instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales ordinarios.

Por lo que parece, Correos ha interpretado que “convenir” quiere decir “imponer”. Y que desea que sean los propios usuarios del servicio quienes subvencionen unos costes operacionales derivados de una falta de previsión para la transformación del servicio.

Personalmente considero que tener que cruzar cincuenta metros de patio de ida y cincuenta metros de patio de vuelta para recoger mi correo no constituye un incremento de la calidad del Servicio Postal. Y si además tengo que desembolsar 500 euros de mi bolsillo en el plazo de dos meses, la respuesta a esta notificación parece obvia: “ni pagamos ni pagaremos”.

¿En qué se han invertido todos los beneficios que ha reportado el Servicio Postal durante todos estos años? ¿Por qué no se ha ejecutado una reestructuración del servicio para adaptar su funcionamiento a la demanda y a los nuevos medios de mensajería? ¿Confía Correos en que las comunidades acepten este “chantaje seudo legalista” sin resistencia?

Existen muchas medidas que son difundidas por los grandes medios a bombo y platillo, pero son estos pequeños atropellos los que están esquilmando nuestros ahorros. Quizá sea hora de que este tipo de información deba ser compartida por medios alternativos, para otorgarle la publicidad que merece.

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La reforma laboral no es suficiente

Ayer escribí una carta a un periódico local para difundir mi malestar en lo relativo a un conflicto laboral en el que se ha visto salpicada mi comunidad de vecinos.

El pasado diciembre nuestra comunidad de vecinos decidió prescindir de los servicios de la empresa de limpieza contratada porque, tras numerosos avisos sobre la deficiencia de su trabajo, el inmueble sigue sin ser mantenido como es debido. Sin embargo, lo que a priori parecía un cambio de proveedor sin consecuencias ha derivado en varios miles de euros que deben ser abonados por la comunidad en concepto de indemnización a los trabajadores que han venido prestando de manera deficiente sus servicios. Fuimos informados de que en el artículo 29 del Convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Zaragoza se establece que “al término de la concesión de una contrata de limpieza, la nueva adjudicataria deberá hacerse cargo de todos los trabajadores de la anterior concesionaria del servicio que lleven prestando servicio en el centro más de cuatro meses”. Asimismo, la nueva empresa nos indicó que no puede hacer frente a la indemnización que corresponde a esos trabajadores que han prestado un mal servicio y que el objetivo del cambio era, precisamente, prescindir de esos trabajadores. Tras evaluar la situación con el administrador, se decidió que la comunidad asumiese los gastos derivados de este cambio de contrata para evitar asumir el riesgo de un juicio en el que con toda probabilidad se hubiese condenado a la comunidad a hacerse cargo de estos gastos. Parece una situación ilógica, pero nuestra normativa está diseñada para proteger a unos cuantos “privilegiados” y castigar a los demás. ¿Por qué se protege con tanto ahínco a estos trabajadores inoperantes? Estoy convencido de que yo no dispondré de las mismas garantías si mañana mi empresa decide prescindir de mis servicios por quejas reitaradas de los clientes en los que trabajo. Y me consta que en la nueva reforma laboral no hay cabida para la regulación de esta clase de injusticias.

Lo cierto es que, con reforma laboral o sin ella, hay convenios y normativas locales que siguen creando un marco sobreprotector para ciertos coletivos de trabajadores.