Rendir cuentas

Preámbulo

Escribo sobre lo que hago. Y ahora ya he dejado de ser arquitecto Java. No por gusto, por cierto. Así que, a partir de ahora, este blog cambia conmigo.

La Administración Electrónica es obligada a confesarse

Según la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, después de verano, las administraciones públicas que no hayan hecho los deberes en lo relativo a la LAECSP deben publicar un plan de administración electrónica donde rindan cuentas de lo que han hecho hasta ahora y enmienden sus malas acciones con propósitos de año nuevo.

En realidad, lo que la ley dice es algo más difuso:

“Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán…”

Si fuese responsable de alguna de esas entidades, se me ocurrirían diferentes maneras de escurrir el bulto. Por ejemplo, izando la bandera de la Instancia General.

Esperaré expectante a este 7 de septiembre.

La Administración Electrónica debería confesarse

En los últimos tiempos me he empachado de digerir estadísticas sobre lo asentada que está la implantación de la administración electrónica en España. “El 97% de los trámites de la AGE pueden ser realizados por Internet”, “El Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos más de 1.000 servicios electrónicos”, “España se coloca en el segundo lugar en la lista de los países más avanzados en tramitación electrónica”…

A tenor de estas informaciones cualquiera podría pensar que lo hemos conseguido. Aunque no sea cierto.

La decidida y entusiasta apuesta de las administraciones por el SFA para dar solución a las necesidades descritas en la LAECSP ha configurado un mapa tecnológico disperso, inestable y con unos altos costes de mantenimiento. Por cierto, no sé quien acuñó el término Software de Fuentes Abiertas (SFA) para referirse al Software Libre pero esa tarde no tenía su día.  El hecho es que la mayoría de sistemas están basados en un par de productos básicos que han sido deformados en cada entidad hasta convertirlos en plataformas propietarias que poco tienen que ver con su concepción original. De esta manera, la empresa responsable de poner en marcha la solución ha conseguido enquistarse en el organismo a través de contratos de mantenimiento que en ocasiones han superado el importe del proyecto original. En reacción a esta realidad disgregada, el Estado se ha visto obligado a decretar un Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) que permita comunicarse a unas entidades locales con otras.

¿Cuánto dinero se habrá gastado en implantar el mismo sistema en cada una de las entidades públicas españolas? ¿No hubiese sido mucho más barato que cada cual tuviese lo mismo que su vecino por imposición normativa?

No obstante, este dispendio tecnológico hubiese sido aceptable si las entidades públicas hubiesen respetado uno de los principios de la LAECSP que menos se ha tenido en cuenta en este proceso: el reaprovechamiento de los datos aportados por los ciudadanos. No sería capaz de enumerar todos los servicios electrónicos en los que me he autenticado con mi DNI electrónico y en los que he tenido que rellenar impresos en los que se me solicitaba introducir mi número de DNI. Y esto es solo un ejemplo trivial de lo denostado que está el principio de reaprovechamiento de datos.

¿Por qué nos hemos dedicado a fotocopiar informáticamente los insufribles cuestionarios administrativos que siguen conformando las columnas de papel en precario equilibrio que adornan los pasillos de muchas administraciones públicas? 

Al menos al realizar los trámites por Internet habremos conseguido ahorrarnos tiempo, piensa el inocente. Explicaré a este inocente uno de esos trámites electrónicos reales de los que tanto sacamos pecho: la solicitud de empadronamiento. Uno rellena en el sofá de casa los datos (sí, el número de DNI hay que volver a introducirlo) y firma con su DNI electrónico esperando en vano un justificante electrónico. Tres días después recibe en su buzón de casa el mismo papel que puede solicitar en la Junta Vecinal, a la que se llega andando en tres minutos y en la que nunca hay que esperar para ser atendido por un atento y cordial empleado público.

¿No sería más práctico pensar en los procesos antes de ponerlos en marcha? ¿Necesitamos de verdad una administración electrónica para telefonear al Ayuntamiento y pedir que nos envíen un papel a casa?

Quizá en el futuro, reviva los dos maravillosos días que pasé tras el nacimiento de mi hijo, en los que recopilé una carpeta verde con papeles que nunca volveré a consultar y en los que conocí las oficinas de cinco organismos públicos diferentes en persona. Y al revivirlos, tal vez escriba un artículo constructivo, en el que pueda aportar algo de cordura a todo este caos. Hoy se me han quitado las ganas.

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